Contribuyen a ello las políticas públicas que, al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y ciudadanía, violentan la vida urbana. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas que vienen generando la necesidad del reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del Derecho a la Ciudad, definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. La Carta, más que la suma de derechos individuales y colectivos ya reconocidos en tratados internacionales, contempla el Derecho a la Ciudad como la expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano-rural. Más aún, este derecho presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales. Se refiere a la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.
Tres principios fundamentales rigen su contenido y propuesta:

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• • Ejercicio pleno de la ciudadanía, entendido como la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción y gestión social del hábitat.

• • Gestión democrática de la ciudad, entendida como el control y la participación de la sociedad, a través de formas directas y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, priorizando el fortalecimiento y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.

• • Función social de la propiedad y de la ciudad, entendida como la prevalencia, en la formulación e implementación de las políticas urbanas, del interés común sobre el derecho individual de propiedad; implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.
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Por su origen y significado social, este instrumento está sobre todo dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas contra la injustifica y la discriminación social y territorial.

Está llamado a constituirse en plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores -públicos, sociales y privados- interesados en darle plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su difusión, promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación, puesta en práctica y monitoreo permanente.

Un proceso internacional y colectivo...Con la finalidad de trabajar hacia la concreción de este derecho, el Foro Nacional de la Reforma Urbana (FNRU), organización brasileña que agrupa a diversas entidades (movimientos sociales, ONG, grupos técnicos, académicos), junto con redes como la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y el Frente Continental de Organizaciones Comunitarias (FCOC), a las que sumaron en los últimos años muchas otras, ha venido debatiendo e impulsando desde la Cumbre de la Tierra ECO’92 una propuesta al respecto basada en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas. Un primer producto colectivo fue el Tratado por ciudades, villas, poblados justos, democráticos y sustentables, documento inspirador y antecedente directo de la actual. De allí se sucedieron la Carta Brasilera de Derechos Humanos en la Ciudad, en 1995, y el Estatuto de la Ciudad, aprobado en 2001 y actualmente en proceso de implementación también en ese país.Esta experiencia ha sido retomada en ocasión del Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad Contra la Desigualdad y la Discriminación, realizado durante el II Foro Social Mundial (Porto Alegre, enero de 2002), tanto por parte de HIC como por otras redes internacionales y un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, académicos y activistas de varios países. Desde entonces el objetivo principal ha sido y sigue siendo estimular un proceso amplio y democrático de debate y propuestas para lograr la elaboración de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que señale los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, los parlamentarios y los organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.

Una fase muy significativa de este proceso se ha dado en ocasión de un seminario de discusión de los contenidos de la Carta y un panel de difusión sobre el Derecho a la Ciudad en el que han participado alrededor de 3000 personas, ambos eventos en el marco del III Foro Social Mundial (Porto Alegre, Brasil, enero de 2003).

Muchas otras actividades internacionales y regionales relevantes en las que se ha discutido el contenido de la Carta y su estrategia de difusión se han desarrollado en ocasión del IV Foro Social Mundial (Mumbai, India, enero de 2004), el I Foro Social de las Américas (Quito, Ecuador, julio de 2004), el II Foro Urbano Mundial (Barcelona, España, septiembre de 2004), el V Foro Social Mundial (Porto Alegre, enero de 2005), el VI Foro Social Mundial Policéntrico (Caracas -Venezuela- y Bamako -Mali-, enero de 2006), así como en el Foro Social Europeo (ediciones 2005 y 2006). Recientemente, se ha presentado el avance del proceso y del texto (que ya cuenta con versiones en portugués, español, inglés, francés y árabe) entre los participantes del evento sobre Políticas Urbanas y el Derecho a la Ciudad: hacia la buena gobernabilidad y la democracia local organizado por la UNESCO dentro del III Foro Urbano Mundial (Vancouver, junio 2006), así como durante el I Foro Social del Caribe (Martinica, julio 2006). Los organismos sociales que han participado hasta el momento en este proceso se han comprometido, entre otras cosas, a difundir, consultar, discutir y mejorar la Carta, ya que su texto no es todavía el definitivo. Al mismo tiempo, se han propuesto potenciar la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad y presionar para su inclusión y tratamiento en los diversos foros internacionales.El texto, en proceso de debate entre diversos actores de diversas regiones, cuenta ya con el apoyo de autoridades locales y nacionales, así como de agencias de Naciones Unidas, como la UNESCO y el Programa Hábitat.En cuanto a los avances en América Latina, tanto desde la oficina regional de HIC-AL como por parte de nuestras organizaciones miembro se ha promovido, discutido y enriquecido este instrumento a partir de los primeros meses de 2003 en numerosos eventos con diversos actores realizados en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

​No pocos desafíos
Actualmente, el proceso ha entrado en una nueva etapa. Frente al desafío de lograr un instrumento político, pedagógico, de movilización, vinculante y de exigibilidad de derechos humanos que de cuenta de la situación y que tenga sentido para los habitantes de todas las regiones del planeta, y a solicitud de las demás organizaciones y redes implicadas, HIC ha asumido el rol de estimular y coordinar el debate internacional tanto en torno al contenido conceptual de la Carta Mundial y del Derecho a la Ciudad como, y sobre todo, en cuanto a la estrategia necesaria para su promoción y adopción.

Un desafío no menor si pensamos en las diversidades no sólo de idiomas sino de conceptos que toman ciertas características y dimensiones en las diferentes culturas. Diferencias derivadas de contextos urbanos distintos y sobre todo de distintas tradiciones en relación a la tierra y a su uso y usufructo; de concepciones distintas en cuanto a la caracterización de los territorios como ciudades, comunidades, poblados, villas.. y por consiguiente a la definición y status de sus habitantes.
Los acuerdos más recientes y para el futuro inmediato incluyen, entre otras tareas, la elaboración y difusión de un manifiesto con la síntesis de los principales puntos para movilizar y concienciar a las organizaciones y movimientos sociales de todas las regiones; la articulación estratégica de este proceso de reivindicaciones más bien “urbanas” con otras iniciativas, también globales, que actualmente llevan adelante organizaciones campesinas e indígenas, desde una perspectiva más bien “rural”; elaborar y difundir versiones más populares del texto de la Carta,

LA CIUDAD UN BIEN COMUN

Todos y todas somos parte del territorio espacial y temporal que denominamos ciudad. Desde aquí partimos para definir la ciudad como un “bien común” bien, no en el sentido de un bien de consumo o inmobiliario sino como propiedad colectiva, como lugar de pertenencia común. Espacio y tiempo que queriendo o no, compartimos con otros y otras. En ese sentido ese compartir debe dejar de ser algo forzoso para pasar a ser una búsqueda del otro y la otra, del vecino de la vecina como igual. En la ciudad futura lxs otrxs somos nosotrxs.

LO PUBLICO, LO DE TODOS

 Estamos comprometidos con la defensa de lo público contra cualquier proyecto, mal gobierno o empresa privada que atente contra los intereses del conjunto, de lo común. También buscamos complejizar y profundizar la idea de “lo público” como “lo estatal”. Pensamos que no son necesariamente sinónimos, llegamos a esta concusión a raíz de compartir y gestar experiencias propias de autogestión y autogobierno de la vida comunitaria. Es por esto que la ciudad futura será producto de la articulación y el fortalecimiento de estas experiencias de autogestión de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la producción, el consumo, la cultura y el esparcimiento.

BUEN GOBIERNO

En la ciudad futura nada para los malos gobiernos, todo para el pueblo y la comunidad. Para nosotros y nosotras es necesario animarnos a tomar el control de nuestros destinos. Construir herramientas de autogobierno de carácter horizontal, democráticas y participativas. En la ciudad futura el buen gobierno no delega ni representa el bueno gobierno manda obedeciendo a la comunidad en su justo derecho de ejercer su soberanía.

IDENTIDAD BARRIAL VS CIUDAD EMPRESA.

El vértigo de la ciudad nos aleja de los otros y las otras. Nos separa del colectivo, nos aísla en la multitud. Somos parte de las diferentes identidades que componen la ciudad, somos distintos y parecidos. Recuperar los lugares comunes: el espacio público como ambiente en donde se ponen en juego nuestros anhelos, nuestras penas y nuestra alegría es parte central para la construcción de una identidad colectiva, solidaria, del compartir. En la ciudad futura la cultura no tiene rejas, la escuela es una plaza a cielo abierto y el arte es todo lo que hacemos para comunicarnos y compartir con otros y otras como nosotros

LA POLITICA HERRAMIENTA COMUNITARIA

La ciudad futura es la casa de la política que hacemos todos y todas. La ciudad futura no late en soledad. Vibra junto a la mala política, la interpela, le contesta y la confronta. Por esto es que nos proponemos construir nuestra política para Nunca Mas regalarle esa poderosa herramienta a los malos gobiernos.